Los casos de presunta corrupción investigados en dos consejerías del Principado tienen conmocionada a Asturias por su excepcionalidad, pues nunca aquí se habían visto servidores públicos esposados camino de la prisión, aunque a pocos pueden sorprender. Nadie está libre de estos comportamientos, lo que hay que evitar es la degradación que pueda fomentarlos. Y en la Asturias de los últimos años la dejación de la Administración, en su rigor y sus procedimientos, iba camino de la necrosis. Cualquier actuación así es inmoral; en medio de esta devastadora crisis, además muy hiriente. Un grano no hace granero. A los acusados no hay que presumirles la culpabilidad, tan habitual en estos casos, ni medir por su rasero la labor de otros muchos políticos y funcionarios asturianos, la mayoría ejemplares. Pero si queremos recuperar la confianza social en las instituciones y en el sistema, la imparcialidad y la transparencia deberán ser a partir de ahora máximas. Y las formas, otras.
Poco se ha podido conocer hasta ahora debido al secreto del sumario de los indicios que manejó la juez para sustentar sus decisiones. Invita a pensar que son muy graves y fundados, a juzgar por las medidas extremas que ha empleado con los dos políticos y la funcionaria. Esa dureza implacable sorprende en lo que respecta al ex consejero de Educación socialista, José Luis Iglesias Riopedre, que a lo largo de su dilatada vida pública de hombre de izquierdas labró una imagen de sencillo, austero y modesto muy alejada de la ostentación, el oropel y la opulencia que se presupone al corrupto. Pues ¿qué otra cosa más que el enriquecimiento ilícito puede llevar a un alto cargo a vender su alma al diablo? Por eso, especialmente con Riopedre, las primeras reacciones han sido de desconcierto, incredulidad y estupor.
Por lo que sabemos, cabe distinguir dos niveles de actuación y dos tipos de actores. Hay una funcionaria que opera desde la Consejería de Administraciones Públicas que presuntamente se apropia de dinero del Principado desviando por diversos procedimientos pagos a cuentas bajo su control, con lo que estaríamos hablando de corrupción administrativa. Y hay, al parecer, una red montada en torno a Educación para que dos empresas, supuestamente con el trato de favor de altos cargos, monopolicen los suministros y obras de la Consejería y compensen por ello a sus benefactores, corrupción pura y dura que lamentablemente abunda. Asturias no iba a ser la excepción. Al poder llegan santos y rufianes, el sistema es abierto y libre. Lo deseable es que los infames acaben desenmascarados.
Cuando pasa algo así está claro que fallan los controles. Además, una casualidad, y no la vigilancia diligente, permitió descubrir el entramado. Un clásico, Cicerón, decía que a mayor regulación, mayor corrupción. No se trata de sobrecargar los procesos de normas, basta con no pervertirlas. Siempre aparecerán manzanas podridas pero los riesgos serán menores si en el funcionariado predomina la meritocracia, no una colonización con siervos manejables para hacer y deshacer a capricho. En eso ha caído peligrosamente el Principado en los últimos años, debilitando los procesos objetivos y las capacidades en favor de la discrecionalidad y el servilismo. La función pública, más tras este escarnio, tiene que ser el territorio de los mejores, no de los dóciles.
Los políticos sólo deberían responder ante sus electores, pues ese es el principal incentivo para que se comporten de manera honrada y se preocupen de mantener su reputación intacta. Pero lo hacen en realidad ante los partidos, a los que deben el puesto. Y los partidos fomentan la lealtad como bien supremo, lo que desmotiva para destapar la corrupción del compañero aun conociéndola. En Asturias, por degeneración, por rutina, por intereses, por sectarismo, hace tiempo que mucho dinero público se administra con pocos escrúpulos. No hay más que ver los criterios de escandaloso clientelismo con los que se han venido adjudicando los recursos sobre los que el Principado tiene competencia. A base de triquiñuelas seudolegales casi han convertido la región en una finca particular en la que se premia con dinero del contribuyente al que trata bien a los gobernantes y a los amigos y se castiga a los independientes. Lo que se ventila ahora es si han sido saltadas también esas ardides para entrar de lleno en el ámbito de lo penalmente delictivo. Nosotros partimos de la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Pero no podemos olvidar que varias instituciones, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura, el Consejo Consultivo... vienen advirtiendo de que la Administración no debe ser un cortijo, y que administrar el patrimonio de todos exige una objetividad e imparcialidad que echan en falta. En fin, lo mismo que ha venido denunciando este periódico de forma reiterada.
Cuando una administración debilitada se cruza con unos partidos que se comportan como tribus, quien propende a la perversión halla el clima ideal para desarrollarse. La agilidad es inseparable de una administración eficaz, pero lograrla a base de simplificar pasos, bajar la guardia, primar a quien da facilidades y mirar para otra parte abre la puerta a la arbitrariedad y a los sobornos. El fin nunca justifica los medios.
Los culpables de que la justicia sea capaz de descubrir y condenar pagarán por ello y sufrirán las formaciones que ampararon su actuación, pero a quien de verdad le sale cara la corrupción es a los asturianos. Su dinero es el que saquean. Por eso los ciudadanos no pueden ser espectadores indiferentes cuando se hace visible por primera vez en Asturias lo que tanto hemos advertido que podría suceder por el camino que íbamos. Al menos merecen que los partidos, antes que utilizar este feo espectáculo como arma electoral, les desvelen las medidas que piensan poner en práctica para que algo tan bochornoso no se repita nunca más.
Poco se ha podido conocer hasta ahora debido al secreto del sumario de los indicios que manejó la juez para sustentar sus decisiones. Invita a pensar que son muy graves y fundados, a juzgar por las medidas extremas que ha empleado con los dos políticos y la funcionaria. Esa dureza implacable sorprende en lo que respecta al ex consejero de Educación socialista, José Luis Iglesias Riopedre, que a lo largo de su dilatada vida pública de hombre de izquierdas labró una imagen de sencillo, austero y modesto muy alejada de la ostentación, el oropel y la opulencia que se presupone al corrupto. Pues ¿qué otra cosa más que el enriquecimiento ilícito puede llevar a un alto cargo a vender su alma al diablo? Por eso, especialmente con Riopedre, las primeras reacciones han sido de desconcierto, incredulidad y estupor.
Por lo que sabemos, cabe distinguir dos niveles de actuación y dos tipos de actores. Hay una funcionaria que opera desde la Consejería de Administraciones Públicas que presuntamente se apropia de dinero del Principado desviando por diversos procedimientos pagos a cuentas bajo su control, con lo que estaríamos hablando de corrupción administrativa. Y hay, al parecer, una red montada en torno a Educación para que dos empresas, supuestamente con el trato de favor de altos cargos, monopolicen los suministros y obras de la Consejería y compensen por ello a sus benefactores, corrupción pura y dura que lamentablemente abunda. Asturias no iba a ser la excepción. Al poder llegan santos y rufianes, el sistema es abierto y libre. Lo deseable es que los infames acaben desenmascarados.
Cuando pasa algo así está claro que fallan los controles. Además, una casualidad, y no la vigilancia diligente, permitió descubrir el entramado. Un clásico, Cicerón, decía que a mayor regulación, mayor corrupción. No se trata de sobrecargar los procesos de normas, basta con no pervertirlas. Siempre aparecerán manzanas podridas pero los riesgos serán menores si en el funcionariado predomina la meritocracia, no una colonización con siervos manejables para hacer y deshacer a capricho. En eso ha caído peligrosamente el Principado en los últimos años, debilitando los procesos objetivos y las capacidades en favor de la discrecionalidad y el servilismo. La función pública, más tras este escarnio, tiene que ser el territorio de los mejores, no de los dóciles.
Los políticos sólo deberían responder ante sus electores, pues ese es el principal incentivo para que se comporten de manera honrada y se preocupen de mantener su reputación intacta. Pero lo hacen en realidad ante los partidos, a los que deben el puesto. Y los partidos fomentan la lealtad como bien supremo, lo que desmotiva para destapar la corrupción del compañero aun conociéndola. En Asturias, por degeneración, por rutina, por intereses, por sectarismo, hace tiempo que mucho dinero público se administra con pocos escrúpulos. No hay más que ver los criterios de escandaloso clientelismo con los que se han venido adjudicando los recursos sobre los que el Principado tiene competencia. A base de triquiñuelas seudolegales casi han convertido la región en una finca particular en la que se premia con dinero del contribuyente al que trata bien a los gobernantes y a los amigos y se castiga a los independientes. Lo que se ventila ahora es si han sido saltadas también esas ardides para entrar de lleno en el ámbito de lo penalmente delictivo. Nosotros partimos de la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Pero no podemos olvidar que varias instituciones, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura, el Consejo Consultivo... vienen advirtiendo de que la Administración no debe ser un cortijo, y que administrar el patrimonio de todos exige una objetividad e imparcialidad que echan en falta. En fin, lo mismo que ha venido denunciando este periódico de forma reiterada.
Cuando una administración debilitada se cruza con unos partidos que se comportan como tribus, quien propende a la perversión halla el clima ideal para desarrollarse. La agilidad es inseparable de una administración eficaz, pero lograrla a base de simplificar pasos, bajar la guardia, primar a quien da facilidades y mirar para otra parte abre la puerta a la arbitrariedad y a los sobornos. El fin nunca justifica los medios.
Los culpables de que la justicia sea capaz de descubrir y condenar pagarán por ello y sufrirán las formaciones que ampararon su actuación, pero a quien de verdad le sale cara la corrupción es a los asturianos. Su dinero es el que saquean. Por eso los ciudadanos no pueden ser espectadores indiferentes cuando se hace visible por primera vez en Asturias lo que tanto hemos advertido que podría suceder por el camino que íbamos. Al menos merecen que los partidos, antes que utilizar este feo espectáculo como arma electoral, les desvelen las medidas que piensan poner en práctica para que algo tan bochornoso no se repita nunca más.
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